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Por más que existen instancias burocráticas que buscan un desarrollo en el Perú de una cultura digital, estas se han caracterizado por ser un foro alejado de la sociedad. ¿Acaso alguna vez uno de los lectores conoció de un pronunciamiento, un comunicado, una actividad o conferencia que busque integrar voces y puntos de vista del ciudadano de a pie, o acaso plantear una agenda real en el tiempo acerca de derechos digitales, e-government y ciudadanía electrónica?

Por otro lado, por más que hay gente que se congratula y hasta se manda besos y abrazos al espejo por la existencia de normas de transparencia que disponen la instauración de portales de Internet para las entidades públicas, la gran verdad es que la administración y los funcionarios responsables han satisfecho mediocremente su tarea, limitándose con publicar datos inconexos, quizá porque aún no se entiende realmente el papel que tiene la transparencia, aunque también tiene mucho que ver el gran vacío de las normas que determinen funciones y obligaciones. Vacío que se mantiene, justamente, por la autocomplacencia que nos lleva a creer que con las normas actuales todo esta muy bien. En ese sentido recordaré las absurdas palabras de Beatriz Boza en el Seminario Reforma del Estado, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. La reconocida funcionaria que inició su ascendente carrera en los 90s de Fujimori se emocionaba con la publicación de gastos, de leyes, con el “romper monopolios” , pero la verdad es que hace falta mucho más:

1 ““ La Administración tiene una obligación constante de justificar sus decisiones, a todo nivel.

En ese sentido:

• a. Cada acto de gestión debería acompañarse de los sustentos correspondientes, los cuales deben ser también accesibles sin necesidad de requerimiento previo.
• b. Los actos decisorios deben estar adecuadamente registrados y catalogados para que su búsqueda no sea un suplicio desmotivador.

2 ““ La Administración tiene una obligación de servir al ciudadano en forma integral.

Para esto:

• a. No debe descuidarse los requerimientos de aquellos ciudadanos con discapacidades, facilitando tanto el requerimiento como la búsqueda de información.
• b. Debe implantarse una cultura burocrática tendiente al lenguaje llano, a fin de permitir la lecturabilidad y la comprensión de las decisiones de la Administración.

3 ““ La Administración debe mantener canales apropiados de comunicación con el ciudadano.

Por lo mismo:

• a. El registro de información pública debe realizarse sobre soportes idóneos, mediante diversos canales y sobre todo en formatos abiertos (nuevamente es absurdo que Beatriz Boza pida que la información publicada sea en archivos de Microsoft Word).
• b. La publicación de información pública debe ofrecerse en igualdad de condiciones en la vía física (en la “sede” ) como en la vía electrónica (en el web).

4 ““ La Administración debe atender al ciudadano conforme los requerimientos y necesidades de este, y no al revés.

Entonces:

• a. Los procedimientos administrativos deben estar adaptados tanto para los requerimientos “en sede” como para aquellos provenientes de la Red.
• b. Los sistemas públicos deben permitir su plena inter-operatividad a fin de permitir referencia documentaria.

Como se puede ver, estas mínimas disposiciones no implican el exclusivo uso de Internet, con lo que queda demostrado que no todo es técnica y bits, sino que básicamente en implementar políticas de gestión más abiertas.

Sin embargo”¦

La verdad es que, si estas son las metas deseadas, pues no estamos en ningún lado. En la administración se han dado experiencias aisladas de implementación de prácticas de e-Government, lo que lejos de alegrarnos debería preocuparnos pues se crean precedentes y paradigmas difíciles de ser desmantelados para cuando sea necesario implementar una real política de gobierno electrónico.

Merece la pena resaltar la carencia de una política clara respecto a la gestión de una administración digital. Como ejemplo tomemos el caso de la firma digital: muy pocas organizaciones del Estado han asumido su uso y desarrollo (de hechos sólo CONASEV ha demostrado un impulso claro al respecto) y a pesar de los años que transcurrieron desde que se promulgó la norma aún existen demasiados aspectos pendientes de regulación, de cara a un real aprovechamiento de la tecnología.

Valdría preguntarse ¿qué actividades de relación entre el ciudadano y el Estado a través de la Red son válidas y funcionales hoy día? ¿Qué se le puede realmente exigir a la Administración por la vía digital? Hablamos de procedimientos decisorios, y no del simple aspecto de remisión de la información requerida en atención a la Ley de Transparencia, ya reseñada.

¿Qué esperar?

Es equívoca la posición de algunas improvisadas talking heads que creen que todo se arregla con un website. Aún más equívoca es la idea que todo el desarrollo de un correcto e-Government se basa en la tecnología, en la perfección semántica o en la pulcritud didáctica del sitio web. Es una pena, por ejemplo, que se venda a la Red como la panacea de la descentralización, o como un indicador de desarrollo. Este error no sólo es de algunas voces y sus ecos en la Administración, es también ofrecida por los medios quienes muchas veces mienten o exageran para crear titulares. Citemos el caso de El Comercio que alguna vez en agosto del 2006 tituló una sección así:

Recordemos que el Perú tiene 1929 distritos y que no todos ellos están en situación de pobreza. Y más aún, que en varios de ellos no existe ni remotamente acceso a la Red. Noticias como esa son constantes. El paradigma de la máquina maravillosa como solución sigue ahí, lista para impresionar a la ciudadanía y a los políticos desavisados.

Esperar un cambio en la mentalidad de los políticos con unos medios que desinforman es mucho pedir. Sin embargo las necesidades del comercio y la industria de cara a un TLC con Estados Unidos harán que el tema de e-Government se ponga en agenda de acuerdo a los requerimientos de los más próximos usuarios. Esto implica que el camino hacia servicios para los ciudadanos de a pie se encuentra más en una agenda de mediano plazo. Y estos servicios son justamente los que vinculan al gobierno local con el vecino. Recordemos que ya existe (en el campo del gobierno electrónico) un sistema medianamente funcional del gobierno nacional: el manejado por SUNAT para ciertos trámites y tributos. Pero es justamente el gobierno local el que se relaciona más con el ciudadano, por lo que se necesita no experiencias aisladas (y costosas, a largo plazo) sino una estrategia básica y escalonada que permita atender necesidades genéricas (y en principio internas) de los municipios en general para luego atender aplicaciones puntuales que satisfagan las necesidades del ciudadano de cada zona en particular. Esto significa inversión en software. En tal razón, ¿alguna vez oiremos de una política open source de gestión pública electrónica en el Estado Peruano? La pregunta queda en el aire.

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